COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Bruselas, 26.6.2002
COM(2002) 321 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO
EUROPEO
Informe final referente al Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del
abastecimiento energético"
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NOTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO
EUROPEO
Informe final referente al Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del
abastecimiento energético"
1. El Libro Verde referente a la seguridad del abastecimiento energético, aceptado por la Comisión
hace más de un año, comenzó un debate inédito en treinta años referente a la política energética1. Ese
debate de ideas ha motivado, en la mayoría de Estados miembros, una deliberación renovada
sobre las opciones nacionales en el ámbito de la energía. Asimismo ha servido de referencia
en algunos terceros países, como Estados Unidos (para preparar el plan Bush), Japón y Rusia.
En sus impresiones de marzo de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona "toma nota de la
voluntad de la Comisión de presentar el informe sobre la seguridad de los abastecimientos
basado en los resultados del debate formado por el Libro Verde de la Comisión sobre la
seguridad del abastecimiento energético, con vistas a su cercana reunión de Sevilla".
2. De cara a los futuros veinte a treinta años, el Libro Verde ha puesto de manifiesto las
debilidades estructurales del abastecimiento energético de la Unión Europea y su fragilidad
geopolítica, social y medioambiental, teniendo en cuenta los convenios europeos en el
marco del Protocolo de Kioto. El crecimiento no cambia los datos del problema. El Libro
Verde señaló asimismo, antes de los acontecimiento del 11 de setiembre, la necesidad de
integrar en el concepto de seguridad de abastecimiento las cuestiones relacionadas con la
seguridad de las instalaciones.
3. La economía europea, cada vez más energívora, se basa esencialmente en los combustibles
fósiles. Estos constituyen las 4/5 partes de su gasto energético total (petróleo, carbón y gas
natural), de las que se importan las 2/3 partes. El gas natural proveniente de Rusia simboliza
por sí solo el 20% aproximadamente de nuestro gasto. La oferta comunitaria de energía
apenas cubre la mitad de las necesidades comunitarias. Si no se toman medidas de aquí al año
2030, el peso de los combustibles fósiles seguirá aumentando. Las importaciones energéticas
serán mucho más importantes en los próximos treinta años y representarán el 70% de las
necesidades globales. El petróleo importado podría ascender al 90%.
La dependencia de las importaciones y la parte creciente que éstas representan pueden suscitar
inquietudes tanto por lo que respecta a los riesgos como a las dificultades de abastecimiento.
No obstante, sería poco serio y erróneo concebir la seguridad de abastecimiento como una
simple razón de disminución de la dependencia de las importaciones y de fomento de la
fabricación interna. La seguridad de abastecimiento solicita toda una serie de iniciativas
políticas que autoricen, entre otras cosas, una diversificación de fuentes y tecnologías, sin
desatender el contexto geopolítico y sus implicaciones.
4. El Libro Verde plantea una estrategia clara, fundada en el control de la demanda. Tiene el
mérito de especificar que el margen de maniobra de la Unión sobre la oferta de energía es
1 El Libro Verde y la página Web consagrada al debate figuran en la siguiente dirección de Internet:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html. Desde principios de 2002, una media mensual
de 30.000 personas ha visto las diferentes rúbricas de esta página.
3
reducido, debido sobre todo a unos recursos propios condicionados o, en ciertos casos, poco
competitivos, como el carbón. Conviene, por tanto, influir en la demanda (modificarla y
orientarla), contrariamente a los Estados Unidos que, en su plan energético notificado en
mayo de 2001, se dedican a responder a la demanda mediante un oferta cada vez mayor.
5. El Libro Verde proponía trece preguntas para encaminar el debate general, que han sido
objeto de cuantiosas respuestas y reacciones por parte tanto de los Estados miembros,
incluidas las Cámaras de Representantes y las regiones, como de empresas, asociaciones de
consumidores y ONG. El Consejo expuso conclusiones provisionales y el Parlamento
Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron su dictamen2.
Esas reacciones tan numerosas manifiestan que la reflexión del Libro Verde respondía a una
necesidad y su análisis ratifica el respaldo que han conseguido las orientaciones del Libro
Verde y la mayor parte de las ideas. Igualmente ha podido iniciarse un debate
desapasionado sobre la posición y el papel de la energía nuclear, que ha favorecido a aclarar
los debates nacionales.
6. Consta un acuerdo prácticamente unánime sobre el eje estratégico de control de la demanda:
es preciso rectificar y orientar el consumo de energía. Las conclusiones del Consejo Europeo
de marzo de 2002 de Barcelona, que hacen especial hincapié en la necesidad de una mayor
eficiencia energética de aquí al 2010 y una adopción rápida de las ideas en materia de
fiscalidad energética, forman un apoyo político evidente a esta prioridad. Sin esperar a
que termine el debate, la Comisión ha hecho propuestas, muy bien acogidas en este sentido,
de carácter reglamentario y no sólo de fomento o de intercambio de buenas prácticas, algunas
de las cuales ya han sido aceptadas por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Se trata en concreto de la directiva sobre la obtención de electricidad mediante fuentes
renovables, adoptada en 2001, por la que los Estados miembros se comprometen a completar los
objetivos nacionales de consumo futuro de electricidad producida mediante fuentes de energía
renovables, implantar un sistema de certificación de origen de la electricidad ecológica e
introducir medidas de acompañamiento para agilizar su implantación en el mercado interior.
Con este marco reglamentario, el 22% del consumo de electricidad de la Unión en 2010
tendria que obtenerse a partir de fuentes de energía renovables.
Se trata también del proyecto de directiva sobre el ahorro energético en los edificios, que
facilita un marco legislativo preciso para reducir el consumo de energía en este sector,
que representa el 40% de la energía empleada en la Unión Europea. Ahora bien, en
condiciones adecuadas de ahorro y eficiencia, se podría ahorrar alrededor del 22% de ese
consumo. La directiva propuesta ayudará a conseguir este objetivo gracias al
establecimiento, en los edificios nuevos y existentes, de una metodología común para crear
y actualizar de forma periódica las normas mínimas de rendimiento energético, que tendran que
adoptar los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad, así como
los sistemas de certificación. Este dispositivo se mejora con un mayor control de las
instalaciones de calefacción y refrigeración.
Por último, se trata asimismo de propuestas reglamentarias y fiscales de la Comisión para la
promoción de los biocarburantes, que prevén que estos simbolicen en la Unión un porcentaje
mínimo del conjunto de carburantes comercializados a partir de 2005 del 2% inicialmente y hasta un
5,75% en 2010. A más largo plazo, el desarrollo de carburantes de sustitución, incluidos los
2 Se adjunta un resumen de las respuestas proporcionadas a las preguntas del Libro Verde.
4
biocarburantes, consentiría técnicamente sustituir en 2020 el 20% del carburante diesel y la
gasolina por estos productos para el transporte por carretera.
La aplicación de estos textos significará un ahorro de energía convencional del orden del 10%
en los próximos años y permitirá limitar la tendencia al alza de la demanda energética de la
Unión como resultado de un consumo creciente de los hogares y del sector terciario
(estimado entre un 2% y un 4% anual de aquí al 2010 en los Estados miembros y entre un 3%
y un 6% anual en los países candidatos).
Indudablemente, el ámbito de los transportes, que constituye el 32% del consumo energético y
el 28% de las emisiones totales de CO2, es donde el esfuerzo de reducción de la demanda
resulta prioritario. Las medidas preconizadas en el Libro Blanco sobre la política de
transportes para una gestión sostenible de la movilidad, un nuevo equilibrio y una auténtica
complementariedad entre los modos favorecerán activamente a la realización de ese objetivo,
requerido por el Consejo Europeo de Gotemburgo. La revitalización de la vía férrea, las
inversiones en redes transeuropeas y la armonización de los combustibles profesionales
componen instrumentos adecuados para ello, así como la próxima propuesta de directiva
marco sobre la tarificación del uso de las infraestructuras, cuya importancia fue subrayada
nuevamente en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, a fin de que, para el
2004, los precios de los distintos modos de transporte reflejen mejor sus costes para la
sociedad.
7. Igualmente, la nueva visión sobre las reservas de petróleo propuesto en el Libro Verde
suscitó un extenso debate. La propuesta del Libro Verde a favor de reservas estratégicas de
petróleo tendría por objeto asegurar una mayor solidaridad entre Estados miembros en
tiempo de crisis. Cabe señalar que la Unión ampliada gastará en 2004 más del 20% de la
producción mundial de petróleo. Las incertidumbres geopolíticas y la volatilidad de los
precios del petróleo idean la cuestión de una mejor organización de las reservas y la
coordinación de su utilización. La Comisión está analizando la obligación de elaborar
propuestas a este respecto, habida cuenta de la diversidad de posiciones. Asimismo, tuvo
lugar un debate sobre la necesidad de reservas estratégicas de gas. La Comisión está
tanteando la situación con objeto de decretar, entre otras cosas, si deben alcanzarse medidas
complementarias para asegurar la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado interior
de la energía.
En este contexto, un diálogo fortalecido entre la Unión Europea y los países productores
establece una de las condiciones esenciales para mejorar la transparencia del mercado y la
celebración satisfactoria de convenios de abastecimiento. Este diálogo favorece asimismo a
la mejora de las condiciones de estabilidad en esos países. En el marco del debate sobre el
Libro Verde, varias posiciones respaldaron esta idea. Este tipo de concertación debe sustentarse
independientemente de la coyuntura internacional y de las fluctuaciones de los precios, y debe
abordar asimismo los aspectos de seguridad de las instalaciones.
8. El debate sobre el Libro Verde ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar un
concepto de seguridad de abastecimiento a escala del continente europeo como único medio
para asegurar el control de su destino energético. El diálogo entablado por la Unión Europea
con Rusia tiene por objeto establecer, como se hizo patente en las cumbres de París, Bruselas y,
recientemente, de Moscú, una nueva solidaridad energética. De este modo han podido
alcanzarse medidas sobre seguridad de las redes, protección de las inversiones o identificación
de grandes proyectos de interés común. Cabe esperar que ese diálogo conlleve a precisar la
5
mejor manera de aplicar en el futuro los acuerdos de abastecimiento a largo plazo y los
acuerdos de reparto de fabricación, que suscitaron gran inquietud entre los representantes de
la industria que colaboraron en el debate.
9. Los esfuerzos de fomento de energías nuevas y renovables, que tan sólo representan el 6%
del balance energético de la Unión, han sido poco significativos hasta ahora: según las
tendencias actuales, estas no representarán más que el 9% del consumo europeo total en
20303. La propuesta del Libro Verde de financiar su desarrollo mediante las energías
convencionales ha suscitado reacciones poco entusiastas.
10. La energía nuclear, por su parte, sigue siendo un elemento ineludible del debate. El Libro
Verde ha otorgado un intercambio de opiniones franco y abierto sobre esta energía, que
suscita opiniones halladas dentro de la Unión. El Libro Verde determina que «la preocupación
por el calentamiento del planeta ha perturbado la percepción de las exigencias del abastecimiento
energético» y que «esta cuestión se plantea principalmente en lo que se refiere a la energía
nuclear» que, como fuente de obtención de electricidad, otorga, con las energías renovables
y la eficiencia energética, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas del
consumo de combustibles fósiles. El ahorro que la energía nuclear constituye en cuanto a
emisiones de gases de efecto invernadero es superior a 300 millones de toneladas de CO2
(similar a la mitad del parque automovilístico de la Unión). Se trata de una cifra que dista
mucho de ser desdeñable y ya nadie debate este hecho, teniendo en cuenta que debe
notarse en el marco de una gran diversidad de medidas que también ayudan a la
reducción de las emisiones. En su Programa europeo sobre el cambio climático, la Comisión
anticipó un conjunto de medidas que potencialmente concederían una reducción de las
emisiones de CO2 de entre 122 y 178 millones de toneladas, y sigue estudiando la diferentes
posibilidades de reducir las emisiones.
La disipación progresiva o las moratorias decididas por algunos Estados miembros en
cuanto a la industria nuclear no perturbarán a la capacidad de la Comunidad para conseguir los
objetivos de Kioto en la medida en que tales acuerdos, según los proyectos previstos, no
surtirán efecto hasta más tarde del 2012. A medio y largo plazo y en el estado actual de los
conocimientos, hay que tener en cuenta el hecho de que el abandono total de la energía
nuclear simbolizaría que el 35% de la obtención de electricidad tendría que surgir de
fuentes de energía convencionales y renovables, a lo que tendrian que añadirse esfuerzos
considerables en materia de eficiencia energética, así como el hecho de que se prevé un
crecimiento de la demanda de energía.
En este contexto, el abanico de posibilidades de los Estados miembros, sin perjuicio de la
soberanía de sus decisiones en la materia, debe continuar siendo lo más extenso posible. La
posibilidad nuclear sigue abierta en los Estados de la Unión Europea que lo deseen, como ocurre
en Japón, Estados Unidos, Canadá u otras partes del mundo.
Sin embargo, una enseñanza primordial del debate sobre el Libro Verde es que el futuro de
esa opción exige una respuesta clara, segura y transparente a la cuestión del tratamiento de los
residuos radiactivos y de su transporte4. Por su parte, la Unión Europa se ha comprometido,
3 Fuente: Modelos PRIMES.
4 Una encuesta efectuada en octubre-noviembre de 2001 para la Comisión Europea (Eurobarómetro) muestra que
la mayor parte de los encuestados (2/3) piensa que si la gestión de los residuos nucleares encuentra una
6
en el Sexto Programa Marco de investigación 2000-2006, a apoyar la investigación sobre la
energía nuclear y, en concreto, la mejora de la gestión de los residuos5. En este contexto, cabe
señalar que la seguridad nuclear fue afrontada por primera vez como tema específico en las
negociaciones de ampliación en curso. Concretamente, la Unión ha instado a los países
candidatos que emplean ciertos tipos de reactores nucleares muy antiguos que no pueden
modernizarse a un coste razonable a que se comprometan a su cierre anticipado con arreglo a
un calendario determinado. Como estableció en el Consejo Europeo de Gante, la Comisión
piensa que tales compromisos convendrían incluirse con mayor motivo en el Tratado de
adhesión. Desde 1999, la Comisión ha llegado movilizando fondos comunitarios significativos
para la labor de desmantelamiento en los tres países en causa.
El asunto de la seguridad nuclear en el marco de una Unión ampliada continua siendo fuente de
gran inquietud para la mayoría de los participantes en el debate sobre el Libro Verde. En
este sentido, no es de extrañar que el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001
requiriera un nivel elevado de seguridad nuclear en el conjunto de la Unión ampliada, con el
establecimiento de informes periódicos a este respecto.
La siguiente etapa será el examen por parte de la Comisión de un proyecto que abra la vía a
una auténtica estrategia comunitaria de la seguridad nuclear en forma de normas y prácticas
comunes y de mecanismos de control y de revisión inter pares a escala europea. De esta manera, la
Unión podría ayudar a avanzar rápidamente hacia soluciones sostenibles para la gestión de
los residuos radiactivos, determinando plazos precisos a escala comunitaria para incorporar sistemas
nacionales de almacenamiento de residuos más eficaces.
11. Los proyectos concretos sobre la armonización fiscal y la cuestión de la tarificación en el
ámbito de los transportes hacen frente a reticencias. No obstante, la ausencia de armonización
fiscal lleva a distorsiones de competencia entre Estados miembros. Asimismo, el desarrollo
sostenible reclama medidas arancelarias y fiscales para tener en cuenta los efectos externos
negativos. El Consejo Europeo de Barcelona dio un nuevo empuje a esas propuestas al
requerir la adopción de la directiva sobre imposición de la energía para finales de 2002. En
este sentido, el sistema europeo de derechos de emisión planteado por la Comisión debe
establecerse rápidamente.
El mercado interior de la energía ayuda a establecer una competencia sana, garantizar la
seguridad de los abastecimientos energéticos y fortificar la competitividad de la economía
europea, y exigir un mejor manejo de las capacidades transfronterizas existentes. Una
situación de fallo del suministro eléctrico, como el sucedido en California, no es posible en el
mercado interior, que está regulado por normas en materia de inversión, competencia, acceso
a los recursos y a las redes de transporte, que le previenen contra este tipo de ruptura.
Contrariamente a una idea muy extendida, el mercado interior de la energía no sólo tiene por
objeto rebajar sistemáticamente los precios aplicados a los consumidores, sino también
establecer un precio justo de conformidad con las obligaciones de servicio público. A
instancia del Consejo Europeo de Estocolmo, se ha formalizado un informe del grado de apertura
de los mercados (evaluación comparativa), que ratifica una de las disposiciones
solución de seguridad satisfactoria, la energía nuclear debe seguir siendo una posibilidad abierta para la
obtención de electricidad.
5 De esta manera, de un presupuesto total de 17.500 millones de euros para el próximo programa marco, la
investigación nuclear se respalda de un presupuesto total de 1.230 millones de euros, de los que 750 millones
se destinan a la fusión nuclear.
7
fundamentales del Libro Verde, es decir, la necesidad de una mayor apertura del mercado del
gas y la electricidad combinada con nuevas necesidades de regulación y evaluación.
El comercio intracomunitario de electricidad, hasta ahora limitado (8% de la producción),
adolece de falta de infraestructuras de interconexión. Como establece el Consejo Europeo de
Barcelona, un manejo más adecuado de las redes existentes y el establecimiento de las
conexiones que faltan contribuirán a una mayor seguridad de abastecimiento a largo plazo. En
este sentido, la Comisión ha planteado, como se anuncia en el Libro Verde, un plan europeo
para el desarrollo de infraestructuras de gas y electricidad y la cofinanciación prioritaria, con
arreglo al presupuesto de las redes transeuropeas, de una docena de proyectos de
interconexión señalados de interés europeo. De una manera general, el Consejo Europeo de
Barcelona ha dado un paso decisivo hacia la ejecución del mercado interior de la energía, al
decidir garantizar a todos los consumidores industriales y comerciales la libre elección del
proveedor de gas y de electricidad a partir de 2004.
12. En el debate sobre el Libro Verde, algunos participantes, en particular el Parlamento
Europeo, planteaban dudas con respecto a la escasez de medios de la Unión Europea desde el
punto de vista jurídico e institucional para aplicar una política energética adaptada a las
deficiencias potenciales de su abastecimiento.
No puede negarse, sin embargo, que la Unión Europea ha hecho muchos progresos en el
ámbito energético utilizando diversos instrumentos: la realización del mercado interior de la
energía, basándose en las disposiciones del capítulo que trata de la aproximación de las
legislaciones, el fomento de las energías renovables, con arreglo a los artículos relativos a la
protección del medio ambiente, o incluso el desarrollo de las redes de gas y electricidad en
virtud del capítulo sobre las redes transeuropeas.
Una consecuencia que puede extraerse del debate es la necesidad de pensar en un concepto
global de seguridad de los abastecimientos. Tal política pedirá una acción de previsión a
largo plazo, mecanismos de seguimiento del mercado, instrumentos políticos y el refuerzo de
las relaciones con terceros países. El debate sobre el Libro Verde ha puesto de manifiesto que,
justo ahora que la Unión dispone del mercado interior de la energía más integrado del mundo,
es preciso consolidar la coordinación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de los abastecimientos de ese mercado.
Anexos:
(1) Respuesta general al Libro Verde
(2) Respuestas a las trece preguntas
8
ANEXO I - El debate sobre el Libro Verde
El debate sobre el Libro Verde (30 de noviembre de 2000 – 15 de febrero de 2002) se
materializó en un gran número de contribuciones, reuniones, distribución de información,
conferencias, talleres, seminarios, audiencias parlamentarias específicas, consultas en
empresas y asociaciones y entre estas. El debate ha contribuido a la preparación de
documentos políticos en varios Estados miembros y terceros países. El presente anexo
tiene por objeto cuantificar algunas de esas actividades.
Difusión y debates:
- cerca de 1000 visitas diarias al sitio Web del Libro Verde (enero de 2002),
con unas 340 "descargas"
- difusión de más de 20 000 ejemplares del Libro Verde y de 100 000 folletos
- más de 300 conferencias, talleres, etc. sobre el Libro Verde, 28 de ellas en países
candidatos, con asistencia de comisarios y funcionarios
- programas nacionales de información sobre el Libro Verde, consultas y
audiencias parlamentarias nacionales u otros actos en todos los Estados miembros
- debate en instancias comunitarias europeas: Consejo de Ministros (conclusiones
iniciales), Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Comité de las
Regiones, Comité consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
Comité científico y técnico de EURATOM, Comité consultivo de la Agencia de
Abastecimiento de EURATOM y Comité consultivo de la energía.
Contribuciones escritas oficiales:
- 236 contribuciones6 recibidas por la Comisión durante el período de consultas;
- gran diversidad de fuentes:
La UE y los Gobiernos de los Estados miembros, AELC, organismos
consultivos de la política energética, parlamentos y representantes.
33
Agencias públicas de la energía y administraciones locales. 17
Industrias energéticas, asociaciones del sector y demás organismos técnicos. 76
Industrias consumidoras de energía, asociaciones del sector y demás
organismos técnicos.
30
6 Cerca de 7000 personas remitieron respuestas idénticas, como parte de una ciberacción de Greenpeace.
9
ONG7 y asociaciones para el fomento o la conservación de la energía. 19
Sindicatos, organismos profesionales y científicos,
Universidades y grupos de estudio.
41
Particulares 20
Total 236
El debate en los Estados miembros e instituciones de la UE:
Todos los Estados miembros demostraron contribuciones por escrito. En general,
aceptaron favorablemente el debate, así como su perspectiva a largo plazo y su enfoque
integrado. La mayoría de Estados miembros emprendió algún tipo de consulta pública a
escala nacional, talleres con las partes interesadas, informes realizados por organismos
consultivos o debates parlamentarios, avalando un nuevo enfoque en cuanto a sus
opciones energéticas.
Por ejemplo, la Comisión especial sobre la Unión Europea de la Cámara de los Lores
británica efectuó una encuesta sobre el Libro Verde, con audiencias durante varias
semanas. La Comisión sobre la Unión Europea del Parlamento danés presentó una
contribución. Se realizaron audiencias parlamentarias en Italia, Suecia y España, y el
Libro Verde fue objeto de debate en los parlamentos de la mayor parte de los Estados
miembros, a menudo con colaboración de la Comisión. La vicepresidenta fue invitada a
colaborar en varias ocasiones. El debate público y la intervención de los interesados
fueron vivamente recomendados. En Italia, por ejemplo, el ministerio competente
preparó una serie de nueve jornadas de debate nacional sobre temas del Libro Verde,
con una gran cooperación de las partes interesadas. El ministerio de los Países Bajos
creó debates entre expertos y partes interesadas antes de elaborar su contribución. En
Alemania, además de los análisis realizados a nivel federal, se emprendieron debates en
varios Estados federados. En varios Estados miembros, como España e Irlanda, además
de la contribución gubernamental, diversos organismos técnicos que asesoran al
Gobierno sobre cuestiones energéticas mostraron contribuciones pormenorizadas. Estos
ejemplos ponen de manifiesto el efecto multiplicador del debate sobre el Libro Verde en
los Estados miembros. En este contexto, las contribuciones de los Estados miembros
fueron en general completas y detalladas.
Las contribuciones colocan de relieve los ámbitos en los que existe un consenso claro con
respecto a su pertinencia para la seguridad del abastecimiento y la importancia de
hallar el medio más eficaz para avanzar. Se trata, por ejemplo, del refuerzo de las
relaciones entre la UE y los países productores, la diversificación, las energías
7 Véase la nota a pie de página 1.
10
renovables, el ahorro de energía y la eficiencia energética. En otros ámbitos, las
contribuciones aparecen divergencias de opinión en cuanto a la importancia de la cuestión
y la necesidad y el alcance de un enfoque común. Sin embargo, todos los Estados
miembros defienden la atención prestada al problema de la seguridad del abastecimiento
y al debate sobre el Libro Verde.
El Consejo, en sus impresiones iniciales de mayo de 2001, acogió favorablemente el
Libro Verde y el debate, y recalcó la necesidad de una estrategia a largo plazo a escala
nacional y europea para elevar la seguridad del abastecimiento energético en la UE. El
Consejo admitió que debía abordarse la gestión de la dependencia del suministro y el
crecimiento de la demanda, así como el impacto sobre la seguridad del abastecimiento de
las políticas y medidas existentes o previstas, en especial el mercado interior de la
energía. En diciembre de 2001, el Consejo prosiguió su examen, centrándose en la
seguridad física de las infraestructuras (tras los acontecimientos del 11 de setiembre), las
reservas y el refuerzo del diálogo entre la UE y los países productores.
La seguridad del abastecimiento energético fue uno de los asuntos tratados en un
estudio complementario del Consejo Europeo de Niza, que pidió que se examinaran las
disposiciones existentes para garantizar la seguridad del abastecimiento en la UE de
ciertos productos primordiales desde un punto de vista estratégico. El Consejo Europeo de
Barcelona incluyó la seguridad de abastecimiento en sus prioridades económicas y
energéticas.
El Parlamento Europeo decretó una resolución muy completa, basada en los trabajos
exhaustivos del ponente, Sr. Chichester (PPE, Reino Unido). En los debates mantenidos
tanto en comisión como en sesión plenaria, destacó la variedad de contribuciones,
cuestiones y puntos de vista. Hubo consenso sobre algunos temas y divergencias de
opinión sobre otros. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y
Energía fue la comisión competente para este tema, que también fue abordada y
comprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del
Consumidor, y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Asimismo tuvieron
lugar una audición pública y una audición con la vicepresidenta.
En su extensa y detallada resolución8, el Parlamento corrobora que la seguridad del
abastecimiento representa un problema al que la Comisión, el Consejo y los Estados
miembros deben dar gran prioridad y celebra el Libro Verde como base de debate. El
Parlamento considera prioritarios sobre todo la eficiencia y el ahorro energéticos. Solicita
el fomento de un enfoque "inteligente" del uso de la energía, que convierta a Europa en la
economía más eficaz del mundo desde el punto de vista energético. Los parlamentarios
abogan por la diversidad, sobre todo en materia de infraestructuras y fuentes de energía
locales y renovables, y exigen un tratado para estas últimas. Consideran demasiado
limitadas las hipótesis del Libro Verde, en especial por lo que respecta a la demanda, las
8 PE: A5-0363/01.
11
energías renovables y la cogeneración, y piden que se confeccionen hipótesis más
completas. El aspecto medioambiental es importante en la resolución del Parlamento. Por
ejemplo, apoya una iniciativa europea para el desarrollo de una central eléctrica de
carbón sin emisiones. Hay divergencias de opinión en cuanto al papel de la energía
nuclear y la manera de administrarse su uso. Conviene reforzar las relaciones con los países
productores y de tránsito. La cooperación con los países en desarrollo debe centrarse en
la energía sostenible. El Parlamento solicita que la Comisión desempeñe un papel más
importante en la coordinación de las políticas energéticas nacionales, teniendo presente el
interés de la UE en su conjunto, y en el plano de la diplomacia internacional con los
países productores y de tránsito, así como en las organizaciones internacionales, incluida
la OMC. Aunque contempla la importancia del principio de subsidiariedad y precisa los
ámbitos en los que deben participar las administraciones nacionales y locales, solicita a
los Estados miembros que inserten en el Tratado CE un capítulo sobre la política
energética.
En su dictamen9, el Comité Económico y Social encuentra positivo el Libro Verde, sobre
todo su perspectiva a largo plazo. Subraya la importancia de la energía para la economía,
el crecimiento y la competitividad. Recomienda vincular más estrechamente la política
energética a otras políticas de la UE, en particular en el ámbito del clima, la investigación
y la agricultura. Subraya la necesidad de diversificación y de un marco europeo del
abastecimiento energético que reconozca las competencias de los Estados miembros en
materia de energía. Recomienda mantener la parte de la energía nuclear en el
abastecimiento energético al menos a su nivel actual a fin de alcanzar los objetivos sobre
los gases de efecto invernadero.
El Comité de las Regiones10 se felicita de la atención prestada al aumento de la
contribución de las energías renovables en el sector de la construcción. Aconseja que
se evalúe la parte correspondiente a la energía nuclear sobre una base muy amplia y
diferente a otros combustibles. Sostiene que se dé prioridad a la gestión de la demanda y
expresa su preocupación por el impacto de la liberalización del mercado energético en
la gestión de la demanda. El Comité expone objetivos de eficiencia energética para los
Estados miembros, acompañados de planes de acción. Considera la política fiscal un
instrumento necesario para la gestión de la demanda y solicita la publicación de un capítulo
energético en el Tratado.
Informe intermedio de la Comisión: publicado el 03/12/ 2001, ref.: SEC(2001)1962
El texto completo de las contribuciones figura en el sitio Web del Libro Verde:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html
9 Dictamen del CES.
10 Dictamen del CDR.
12
ANEXO II – Resumen de las contribuciones por preguntas
Pregunta nº 1: ¿Puede consentir la Unión Europea un crecimiento de su dependencia de las fuentes
de energía exteriores sin comprometer la seguridad de abastecimiento ni la competitividad
europea? ¿Para qué fuentes de energía interesaría, en su caso, prever una política de
encuadramiento de las importaciones? En este contexto, ¿hay que favorecer un enfoque
económico: el coste de la energía, o geopolítico: el riesgo de ruptura del abastecimiento?
Según la opinión generalizada, la respuesta clave a la ascendente dependencia de las importaciones
es garantizar la diversificación de fuentes de energía, países proveedores y vías de suministro.
Los colaboladores piensan que los responsables políticos están convocados a desempeñar un papel
fundamental a este respecto, sobre todo en la formación de un clima favorable a las inversiones
tanto dentro como fuera de la UE. Europa debe proponerse mejorar las condiciones de inversión en
terceros países por medios diplomáticos, acuerdos de cooperación y fomento de relaciones
equilibradas y estables. Uno de los retos debe ser reducir el poder de los carteles. La
diversificación debe obtenerse asimismo a través del mercado. Algunos aducen que la apertura de
los mercados a la competencia, la libertad de precios energéticos y los instrumentos de mercado
constituyen la mejor manera de asegurar una combinación y una diversificación energéticas más
apropiadas, y confían en la realización del mercado interior de la energía, las negociaciones del
GATS y el Tratado de la Carta de la Energía.
Determinados participantes señalan las ventajas de los combustibles sólidos y la energía nuclear para
el abastecimiento energético de la UE, es decir, la seguridad derivada de la estabilidad de precios,
la acumulación de reservas y la gran diversidad de proveedores. Otros consideran que en un contexto de
seguridad de abastecimiento no deben desatenderse las reservas de petróleo y gas del mar del Norte.
Es primordial un marco regulador adecuado que conceda las inversiones necesarias. Algunos
sugieren apoyar los esfuerzos de I+D en el ámbito de las reservas no convencionales. Una
minoría de colaboladores sostiene que el mantenimiento de un "nivel básico" de producción
nacional de carbón es importante para la seguridad de abastecimiento a largo plazo, mientras que
otros resaltan los costes elevados y los problemas medioambientales que esto conlleva. Varios
participantes sugieren efectuar un seguimiento de la combinación de combustibles en Europa, las
instalaciones aptas para varios tipos de combustible y las medidas de gestión de riesgos.
Ciertas observaciones cuestionan el establecimiento de una política marco para las
importaciones, especificando los riesgos de distorsión de la competencia, aumento de costes y precios,
discriminación artificial de ciertas fuentes de energía y restricción del consumo, todo lo cual
tendería a disminuir, y no a aumentar, la seguridad del abastecimiento. Muchos de los que respaldan
una política europea proactiva resaltan también que los aspectos geopolíticos, económicos,
medioambientales y de sostenibilidad son interdependientes; otros abogan por un enfoque más
radical del problema de la seguridad de abastecimiento en la UE.
13
Determinados participantes consideran que la dependencia de las importaciones es una consecuencia
normal de la división internacional del trabajo y de la mundialización, y piensan que se pueden
reducir sus riesgos mediante el comercio y las inversiones, así como a través del establecimiento
de unas relaciones apropiadas entre productores y consumidores. Aducen que una mayor
interdependencia puede ser benéfica y que los esfuerzos para lograr un objetivo de
autosuficiencia energética afectarían a la competitividad y el bienestar económico de la UE.
Una visión menos optimista sale reflejada en las contribuciones que advierten del peligro que
supone para la seguridad de abastecimiento el cartel del petróleo y del gas, fuera del control de la
UE, y el fuerte incremento de la población mundial, que hará agrandar la competencia por unos
recursos limitados.
Determinados participantes plantean una drástica reestructuración del sector de la energía, sobre todo
por lo que respecta al perfeccionamiento de las energías renovables, que, junto con un aumento factible de
la eficiencia energética, conceden prever una reducción de la dependencia de las importaciones y el
cumplimiento de los objetivos medioambientales. Sólo un número limitado de participantes
ampara este enfoque, mientras que varios presentan toda una serie de medidas, tanto por lo que
respecta a la demanda como a la oferta energéticas, para remediar la creciente dependencia de
las importaciones.
14
Pregunta nº 2: ¿No exige la elaboración de un mercado interior europeo cada vez más
integrado, en el que las decisiones adoptadas en un Estado miembro trascienden en los
demás Estados, una política coherente y coordinada a escala comunitaria? ¿Cuáles
deberían ser los elementos de una política de ese tipo y el lugar de las normas de la
competencia?
Los colaboladores manifiestan un fuerte respaldo a las ideas actuales de la Comisión
sobre el mercado interior de la energía. Muchos de ellos piensan que el mercado interior
de la energía, si marchara de una manera integrada y competitiva, consentiría garantizar de
forma eficaz un abastecimiento seguro, por medio de un mercado más amplio y gran
diversidad de proveedores, una gran flexibilidad tanto de la oferta como de la demanda,
unas señales de precios más competentes, el crecimiento de la eficiencia basada en la competencia y
la innovación, etc. Esta situación, sin embargo, sería la ideal. Algunos participantes se percatan
que la seguridad del suministro eléctrico, en concreto, constituye una preocupación
constante. Entre las observaciones sobre las medidas que deben alcanzarse figuran el desarrollo
de la cooperación entre reguladores y entre GRT, el establecimiento de infraestructuras
más apropiadas en una Europa ampliada y el seguimiento de las tendencias de inversión.
Numerosas observaciones se refieren al sistema energético de la UE en su conjunto
(diversidad de fuentes, valor de las fuentes locales, uso complementario de diferentes
tecnologías, etc.). Los Estados AELC/EEE piensan que el Libro Verde no ha tenido
totalmente en cuenta su cooperación en el mercado interior de la energía. Repetidas veces se
sugiere la idea de igualdad de condiciones, entendida sobre todo como acceso de los
nuevos abastecedores de servicios energéticos al mercado, e internalización de los costes
externos. En este sentido, se hace hincapié en el papel de la UE, principalmente por lo que
respecta a la competencia y las ayudas estatales, la fiscalidad, la directiva sobre energías
renovables y el marco comunitario para los instrumentos medioambientales de mercado, en
especial el comercio de emisiones, los certificados ecológicos o de energías renovables,
etc.
Determinados participantes, en particular el Parlamento Europeo, piden la inclusión en el
Tratado de un capítulo sobre la energía. Otros sustentan que las competencias comunitarias
presentes son suficientes. Se lleva un respaldo general la idea del Libro Verde de que el
mercado interior de la energía, junto con la ampliación y Kioto, están elaborando un contexto
nuevo para la toma de decisiones de política energética en Europa.
Determinados colaboradores piensan que el mercado, impulsado por la necesidad de conseguir
beneficios a corto plazo, puede desestimar inversiones que respondan a necesidades
compartidas o a largo plazo (p. ej., en materia de reservas y nuevas capacidades) y llegan a
la conclusión de que en cierta medida resulta inevitable una nueva regulación. Varios Estados
miembros consideran de su incumbencia preservar una capacidad de generación mínima.
Ciertos colaboradores manifiestan que la liberalización y las fuerzas del mercado pueden entrar
en conflicto con la defensa del medio ambiente, la justicia social y la seguridad de
abastecimiento. Algunos observan que los aspectos sociales, sobre todo las repercusiones
15
sobre el empleo, necesitan mayor consideración. Algunos colaboradores sugieren la idea de
establecer objetivos de servicio público para asegurar la calidad de servicio y prevenir la
exclusión. Algunos los relacionan con las inversiones (capacidades de reserva, diversidad,
etc.) y con la cuestión de saber quién debe ser en última instancia el proveedor.
Algunos participantes preconizan la elaboración de objetivos de común acuerdo por lo que
respecta a la eficiencia energética, las energías renovables, etc. En relación con el principio
de subsidiariedad, son muchos los que señalan la necesidad de flexibilidad para tener en
cuenta las diferencias nacionales en cuanto a clima, tradiciones, etc. Los Estados miembros
deben mantener cierto margen de maniobra para establecer los instrumentos adecuados.
El papel de la UE en el ámbito de las relaciones exteriores, calificado de, benéfico por
numerosos participantes en el contexto del mercado mundial y de las relaciones geopolíticas,
refleja asimismo el progreso del mercado interior de la energía y la ampliación. Varios
participantes creen preocupante la cuestión de los contratos de gas a largo plazo y
defienden su importancia a la hora de financiar inversiones que garanticen la seguridad de
abastecimiento a partir de terceros países.
16
Pregunta nº 3: ¿Significan la fiscalidad y las ayudas estatales en el ámbito de la energía
un obstáculo a la competitividad en la Unión Europea? Ante el fracaso de los intentos de
armonización de la fiscalidad indirecta, ¿no convendría proceder a una igualación
específica para la energía teniendo en cuenta, en particular, objetivos energéticos y
medioambientales?
La armonización fiscal adopta un amplio respaldo por varias razones. Para algunos
interesaría armonizar la fiscalidad energética en el mercado interior, pero no a costa de
aumentar los impuestos. Los grandes consumidores de energía creen que un incremento
unilateral de la fiscalidad en la UE afectaría aún más a los consumidores europeos, que
compiten en los mercados mundiales. Los productores de energías convencionales aducen que
una imposición energética suplementaria pondría en peligro la explotación de las reservas
autóctonas de gas y petróleo, al reducirse en la UE el atractivo para invertir en esos sectores.
Algunos piensan que la armonización constituye una oportunidad para promover los impuestos
energéticos a fin de establecer precios más altos, considerados necesarios para fomentar la
eficiencia y nuevas fuentes de energía. En su opinión, el principal objetivo del mercado
interior de la energía no tendria que ser bajar el precio de la energía.
La idea de reexaminar la cuestión de la imposición de la energía, teniendo en cuenta los
aspectos energéticos y medioambientales, está apoyada por numerosos participantes.
Algunos piensan que la imposición energética tendria que abordarse dentro de un debate más
amplio sobre la fiscalidad a escala de la UE. La perspectiva medioambiental está presente en
la mayoría de las contribuciones. En el ámbito de las energías convencionales, varios
participantes de los sectores del gas, GLP y nuclear amparan un enfoque diferenciado de la
fiscalidad que muestre las repercusiones medioambientales de las diferentes fuentes. Los
representantes del sector nuclear figuran entre los partidarios de un impuesto sobre el carbono
o una exención fiscal en toda Europa para los combustibles que no emiten emisiones de
carbono. Los defensores de las energías renovables y de la eficiencia energética preconizan
un enfoque de la fiscalidad que tenga por objeto la internalización de los costes externos. Por
norma general se trata de costes medioambientales, aunque varios colaboradores añaden
también los costes socioeconómicos generales. Otros participantes aceptan el principio de un
enfoque basado en la internalización de los costes externos, pero creen que todavía no
están adecuadamente desarrollados los métodos necesarios para su aplicación práctica.
Algunos piensan que las ayudas estatales concedidas a las energías convencionales
deterioran la competitividad potencial de las energías nuevas y renovables. Numerosos
colaboradores piden que se ponga fin a las subvenciones de que se benefician los
combustibles fósiles. Sin embargo, otros defienden las ayudas estatales a la producción de
carbón por motivos sociales y de seguridad de abastecimiento. Algunos participantes
consideran importante mantener un "nivel básico" de producción energética nacional, sobre
todo de combustibles sólidos y energías renovables, a los fines de la seguridad de
abastecimiento. Una amplia mayoría de colaboradores de todos los sectores esta a fabor de las
ayudas estatales a las energías renovables, durante cierto tiempo, para que consigan ser
competitivas. Algunos opinan que tales ayudas se justifican mientras los costes externos sigan
sin internalizarse (véase asimismo la pregunta nº 7).
17
Del modo que se indica en el resumen de la pregunta nº 2, una serie de participantes cree que la
política fiscal y las ayudas estatales, así como, en general, la internalización de los costes
externos, favorecen al establecimiento de unas condiciones de igualdad en el mercado
interior de la energía, esenciales para obtener un mercado energético diversificado, innovador y
compatible con los objetivos medioambientales.
Algunos participantes exponen otros medios distintos de la fiscalidad energética y las
ayudas estatales para igualar las condiciones de competencia y conseguir los objetivos
energéticos y ambientales. Otros debaten la eficacia de la imposición energética a la hora
de cambiar el comportamiento de los consumidores, teniendo en cuenta la escasa
flexibilidad de los precios de la demanda, sobre todo en el ámbito de los transportes. Los
representantes de la industria sugieren avanzar mediante el desarrollo tecnológico y
compromisos voluntarios. Algunos manifiestan que los mayores inversores en energías
renovables son los sectores de las energías convencionales. Resulta patente entre los
colaboradores el amplio respaldo concedido a los enfoques compatibles con el mercado (p. ej.,
certificados ecológicos, comercio de emisiones). Algunos respaldan enfoques holísticos para
impulsar el ahorro energético y las nuevas fuentes de energía por medio de la política
agrícola, la ordenación del territorio, el transporte público, etc. (véase también la pregunta nº
10).
18
Pregunta nº 4: En el marco de un diálogo permanente con los países productores, ¿cuál debe
ser el contenido de los acuerdos de abastecimiento y de promoción de las inversiones? Habida
cuenta de la importancia que debe otorgarse, en particular, a la cooperación con Rusia,
¿cómo asegurar la estabilidad de los volúmenes, los precios y las inversiones?
La mayoría de los participantes apoya el diálogo entre productores y consumidores, y cree
que debe reforzarse, con todas las regiones y países, y a todos los niveles, es decir, bilateral,
regional e internacional. Debe extenderse el alcance de tal diálogo, de manera que abarque las
cuestiones relativas al desarrollo económico y a las inversiones. Algunos sostienen que es
preciso establecer un marco jurídico más adecuado, que incluya disposiciones en cuanto a los
acuerdos de suministro y de fomento de las inversiones, tras lo cual se confeccionarán proyectos de
cooperación conjuntos. Debe promoverse una visión común a fin de que el precio del petróleo
sea más compatible con el desarrollo económico mundial.
Los participantes opinan que deben beneficiarse las relaciones políticas bilaterales normales
de la UE con los países pertinentes para afrontar de forma proactiva los temas energéticos, sobre
todo la seguridad de abastecimiento. Según varios colaboradores, el hecho de plantear por
anticipado los problemas esenciales redundaría en beneficio de la política de la UE a la hora de
asegurar los abastecimientos a precios accesibles y no demasiado volátiles.
Dada la importancia de la diversificación, la mayor parte de los participantes considera
necesario mantener el diálogo político con todos los socios interesados, sobre todo con Rusia.
La política exterior común de la UE conseguiría promover un acuerdo entre los países ribereños del
mar Caspio, el Mediterráneo, y asimismo entre los de América Latina.
Los participantes dicen que el establecimiento de una confianza política debe ir acompañado
por la elaboración de las condiciones precisas para fomentar las inversiones. Los aspectos
geopolíticos y económicos de las relaciones son interdependientes. El fomento de las
inversiones en los países fabricantes y de tránsito es especialmente importante para la seguridad
del abastecimiento energético de la UE. Se trata de inversiones de gran envergadura que, como
manifiestan varios participantes, brindan la posibilidad de llevar a cabo una interdependencia
beneficiosa para todos. En criterio de algunos participantes, el aumento de la dependencia de las
importaciones no crea un problema importante en sí, ya que las empresas de la UE pueden
participar en este aumento de la producción y comercio energéticos. Otros colaboradores alegan
que la promoción de inversiones extranjeras directas en las regiones productoras supone la
piedra angular de una estrategia de incremento de la seguridad del abastecimiento energético.
La mejora de las condiciones de inversión en general, es decir, políticas, jurídicas, fiscales y
financieras, ayudarán a fomentar las inversiones energéticas. Varios participantes indican que
el marco más acertado para debatir los problemas comerciales planteados por la energía es la
OMC. Por lo que se refiere más concretamente a la energía, numerosos participantes especifican la
importancia de la Carta Europea de la Energía y su desarrollo, en especial las disposiciones en
19
materia de inversiones, comercio, tránsito, medio ambiente y eficiencia energética. Se
manifiesta cierta inquietud por la no ratificación de Rusia. Varios participantes hacen
observaciones sobre la "estabilidad de los volúmenes y precios" mencionada en la pregunta, y lo
atribuyen a la calma de los movimientos especulativos. Muchos resaltan que el desarrollo
del sector energético en Rusia es capital y que resulta necesario establecer un marco jurídico y
fiscal acorde, para facilitar las inversiones occidentales y las empresas conjuntas. Los
participantes en el debate resaltan que los acuerdos a largo plazo, incluidos los acuerdos de
participación en la producción, serán imprescindibles para realizar las inversiones necesarias a la
hora de constituir flujos energéticos fiables y seguros entre Rusia y Europa.
.
Varios participantes destacan la validez de la transferencia de tecnologías asociada al
aumento de las inversiones directas en los países productores de energía. Algunos participantes
hacen referencia asimismo a los mecanismos de aplicación conjunta y desarrollo poco
contaminante y del Protocolo de Kioto. Debido a las inversiones extranjeras, es importante
instaurar los vínculos necesarios con los interlocutores sociales, tales como institutos de
investigación, universidades, organismos de I+D, etc. De esa manera, la interdependencia
positiva resulta más estable y duradera, y favorece así a la seguridad de abastecimiento.
20
Pregunta nº 5: La acumulación de reservas, ya realizada con el petróleo, ¿debería
reforzarse y extenderse a otras energías, por ejemplo el gas o el carbón? ¿Podría
contemplarse una gestión más comunitaria de las reservas y, en caso afirmativo, cuáles
serían los objetivos y modalidades? ¿Debería justificar el riesgo de ruptura física del
abastecimiento en productos energéticos medidas de acceso a los recursos más costosas?
La diversidad de enfoques y políticas existente en Europa aparece reflejada en las respuestas
a esta pregunta. Los partidarios de una ampliación de los regímenes de constitución de
reservas de gas y petróleo subrayan las deficiencias del sistema actual, que se limita al
petróleo y cuya aplicación difiere de un Estado miembro a otro. Sugieren incluir los
productos químicos en la obligación de constitución de reservas. Algunos participantes
prevén un mayor papel de la UE en la gestión de las reservas de gas y petróleo, que se basaría
en análisis precisos, realizados a escala de la UE, de los riesgos y consecuencias para la
economía, en particular en el mercado interior. Convendría tomar las disposiciones necesarias
a tal fin. Es más, se recomienda que la Comisión elabore un marco que regule los acuerdos
de constitución de reservas de petróleo y gas entre Estados miembros y/o empresas. Algunos
preconizan la constitución de reservas de gas mediante acuerdos de producción variable. Por
lo que respecta a los costes, algunas propuestas sugieren una financiación con cargo al
presupuesto de la UE, el reparto de las cargas entre todos los beneficiarios y el mantenimiento
por parte de las compañías de reservas de capacidad de producción y de combustibles,
eventualmente compensada con fondos públicos.
Algunos participantes sostienen que la ausencia prolongada de interrupciones graves del
suministro de petróleo o gas es un reflejo de las inversiones masivas efectuadas por la industria
del gas y del petróleo y de la diversificación. Señalan que las reservas de petróleo disponibles
bastan para cubrir un déficit del 10% durante dos años, así como déficits temporales. Por lo que
respecta al gas, algunos nos recuerdan una antigua conclusión de la Comisión según la cual, con
los instrumentos actualmente disponibles y la mejora de las infraestructuras, muchos Estados
miembros podrían hacer frente a la mayor ruptura de abastecimiento previsible durante más de
12 meses. En relación con el carbón, aunque es relativamente fácil de almacenar y sirve de
combustible de sustitución en caso de ruptura del suministro, y el combustible nuclear, los
participantes consideran que la diversidad de proveedores existente en el mercado mundial
obvia la necesidad de cualquier almacenamiento. Señalan asimismo que Europa dispone de
reservas de combustible nuclear para tres años.
Los detractores de la ampliación de los regímenes relativos a la constitución de reservas de
petróleo y gas alegan que esta podría perjudicar al mercado, especialmente incitando a los
especuladores a apostar por las intervenciones. La mayoría de los participantes industriales
cuestiona la utilidad de las reservas como medida para combatir la especulación o grandes
subidas de precios, ya que iría en detrimento de la libertad de los mercados y de una asignación
óptima de los recursos. Las subidas de precios ofrecen señales a los inversores. Los críticos con
respecto a tales ampliaciones alegan que podrían debilitar las relaciones a largo plazo con los
países exportadores. Consideran que éstas no serían un medio rentable de lograr la seguridad de
abastecimiento. Algunos participantes señalan que ya existen instrumentos que podrían
aumentar considerablemente la seguridad energética, en particular, la flexibilidad del
suministro, las variaciones de producción y la sustitución de combustibles. Dado que las
21
situaciones varían de un Estado miembro a otro, algunos opinan que la cooperación podría ser
ventajosa.
Algunos participantes plantean la cuestión del almacenamiento de una manera más general y
abogan por un acceso competitivo a las instalaciones de almacenamiento de gas. Otros afirman
que se requieren aún más instalaciones de almacenamiento. Otros subrayan el potencial de los
pequeños yacimientos nacionales de petróleo y gas. Para varios participantes, en lugar de
concentrarse en las reservas de combustibles fósiles, sería mejor aumentar la parte
correspondiente a las energías renovables en el mercado y aplicar medidas desde el punto de
vista de la demanda. Muchos afirman que las reservas no solucionan a largo plazo los
problemas asociados a una dependencia creciente de las importaciones.
22
Pregunta nº 6 : ¿Cómo garantizar un desarrollo y un mejor funcionamiento de las
redes de transporte de energía en la Unión y en los países vecinos que obedezca
simultáneamente a los imperativos del buen funcionamiento del mercado interior y a
la seguridad del abastecimiento?
Las respuestas se basan en la evolución del mercado interior de la energía. Algunos
participantes desean la aplicación de las propuestas actuales de la Comisión, una mayor
cooperación en los foros de Florencia y Madrid, y un estímulo de las inversiones en
toda Europa. Otros consideran que una actitud más abierta con respecto a las fusiones
en el mercado interior de la energía contribuiría también a facilitar las inversiones y la
seguridad de abastecimiento.
En algunas contribuciones se hace patente la preocupación de que el mercado no
responda a las necesidades y preconizan una nueva regulación. Algunos abogan por
que el Estado sea propietario y/o responsable de las redes, sobre todo de la red de
distribución eléctrica, y por que la UE desempeñe un papel, proponiendo, por ejemplo,
hacer de los gestores de redes de transmisión europeos una agencia europea. Otros
hacen hincapié en la necesidad de "sobredimensionar" las redes, como medida
preventiva frente a problemas locales. Esto está relacionado con el tema de las
capacidades de reserva y con la cuestión de saber quién debe mantenerlas y pagarlas
(véase la pregunta nº 2).
Muchos participantes subrayan la necesidad de desarrollar aún más las conexiones
energéticas físicas. La opinión generalizada es que debe fomentarse la construcción de
interconectores en algunos Estados miembros en los que ahora existe congestión.
Algunos destacan la necesidad de mejorar las redes dentro de los Estados miembros y
las regiones, y entre ellos. El Parlamento Europeo llama la atención sobre algunos
proyectos de carácter regional. Deben desarrollarse las conexiones de gas norte-sur y
este-oeste. El reto que constituye la ampliación en términos de infraestructura suscita
escasos comentarios. Por lo que respecta a las redes transeuropeas (RTE), algunos
Estados miembros opinan que sólo deben financiarse los estudios de viabilidad de los
proyectos RTE, mientras que otros participantes proponen dar prioridad absoluta a la
mayor expansión posible de la generación distribuida, que supone menos
interconexiones de larga distancia y menores pérdidas de transmisión.
Las condiciones de inversión se mencionan en numerosas contribuciones. Dentro de la
UE, las tarifas deben ser suficientes para permitir nuevas inversiones. La autorización
de nuevas centrales eléctricas y líneas de transmisión es motivo de preocupación,
sobre todo para las empresas del sector energético. En su opinión, es prácticamente
imposible conseguir que se acepten nuevas líneas aéreas de transmisión debido a la
inquietud del público por su impacto ecológico y visual y los riesgos que representan
los campos electromagnéticos para la salud. Como consecuencia de ello, las empresas
privadas evitarán este tipo de inversiones polémicas y la seguridad de abastecimiento se
verá amenazada.
23
Por lo que se refiere a las inversiones en países vecinos, numerosos participantes
destacan la importancia de la Carta de la energía y del Protocolo de tránsito. Algunos
sostienen que conviene promover las inversiones necesarias en los países vecinos y
otras regiones importantes, con fondos específicos de la UE y préstamos del BERD y el
BEI. Por ejemplo, los Balcanes son una región importante y la reparación de la red de
transmisión dañada en la antigua Yugoslavia permitirá extender el acceso a la red
UCTE. Son escasas las contribuciones que abordan las posibilidades de aumentar las
importaciones de electricidad y las cuestiones de infraestructura afines, y el debate se
centra sobre todo en la necesidad de procurar que la energía nuclear importada de Rusia
y países de la antigua Unión Soviética responda a las normas medioambientales y de
seguridad de la UE.
Las compañías de gas sostienen que los acuerdos a largo plazo son esenciales para la
seguridad del abastecimiento de gas. Algunos participantes son partidarios del
desarrollo de terminales de GNL con el fin de aumentar la diversidad de las fuentes de
suministro. Otros preconizan apoyar la I+D con respecto a los gasoductos y el
almacenamiento de gas.
24
Pregunta nº 7: El desarrollo de determinadas energías renovables exige la realización de
importantes esfuerzos en términos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de ayuda a la
inversión o ayuda al funcionamiento. ¿No debería contemplarse una cofinanciación de dichas
ayudas a través de la contribución de sectores que gozaron para su desarrollo inicial de ayudas
muy importantes y que son hoy muy rentables (gas, petróleo, energía nuclear)?
Esta pregunta suscita numerosos comentarios. La mayoría de los participantes no se atiene a la
cuestión precisa que se plantea, sino que se pregunta hasta dónde debe llegar la sociedad en la
consecución de los objetivos energéticos, cuáles son los medios más adecuados para ello, a qué
precio y quién debería pagarlo.
Para algunos, lo importante es establecer unas condiciones equitativas, en las que puedan
competir libremente todas las tecnologías, combustibles y fuentes de energía. En su opinión, eso
implica internalizar los costes externos, sobre todo el coste de los daños medioambientales que
normalmente corren a cargo de la sociedad, en los costes de producción de cada forma de energía.
Dado que es poco probable que eso ocurra a corto plazo, son muchos los participantes que
justifican un apoyo constante a las energías renovables. Otros reconocen la necesidad de apoyar las
energías renovables para que puedan abrirse paso en el mercado energético actual, pero solamente
durante un período de tiempo limitado. Algunos participantes manifiestan su escepticismo en
cuanto a la contribución potencial de las energías renovables y quieren que eso quede reflejado en
la ayuda pública. Muchos consideran la directiva sobre la electricidad generada a partir de energías
renovables como un paso en la buena dirección.
De la misma forma, algunos piensan que la ayuda pública no debe limitarse, a priori, a las energías
renovables. Varios participantes preconizan, por ejemplo, la ayuda para impulsar el desarrollo
comercial de centrales de carbón poco contaminantes. No obstante, para la mayoría se trata sobre
todo de apoyar la investigación y el desarrollo orientados a la innovación y el cambio con objeto
de explotar el potencial de todas las tecnologías energéticas, incluso en lo que a la demanda se
refiere. A este respecto, algunos señalan que la magnitud de la ayuda concedida a la investigación
sobre la energía nuclear, en particular la fusión, priva de fondos que se destinan a las energías
renovables y al rendimiento energético.
Por lo que respecta a la manera en que debe procederse, organizarse y financiarse, numerosos
participantes piensan que conviene recurrir, en la medida de lo posible, a los instrumentos de
mercado, tales como el comercio de derechos de emisión, los certificados ecológicos, y los
mecanismos flexibles de Kioto. Otros consideran que los objetivos de la política energética son
objetivos de interés general y, por tanto, la ayuda pública debe obtenerse a través del régimen
fiscal general. Algunos consideran que podría preverse también una exacción o mecanismo
equivalente, distribuido entre todos los consumidores de electricidad.
La idea de cofinanciación se aborda de diversas maneras. Entre sus partidarios, algunos indican la
existencia de sistemas como, por ejemplo, aquel en virtud del cual las compañías eléctricas que no
25
cumplan los objetivos relativos a las energías renovables alimenten un fondo destinado a fomentar
instalaciones sostenibles. Los que se oponen a esta idea alegan que los sectores contemplados ya
contribuyen mediante el pago de impuestos energéticos elevados; que el esfuerzo sería
contraproducente ya que esos sectores invierten masivamente en energías renovables; que estos no
recibieron la ayuda inicial al desarrollo, como se sugiere; que la industria nuclear ya ha
reembolsado la ayuda pública recibida, en forma de una reducción del precio de la electricidad al
consumo; que este tipo de subvención es económicamente ineficaz. Algunos de los partidarios de
las energías renovables critican la dependencia implícita con respecto a los sectores energéticos
tradicionales.
Algunos participantes señalan que la financiación de la ayuda a las energías renovables incumbe
principalmente a cada Estado miembro, incluso si se inscribe en un marco comunitario.
Muchos participantes subrayan la necesidad de disponer de un marco estable, que incluya la
seguridad jurídica, a partir del cual puedan planearse y realizarse las numerosas inversiones
exigidas por los sistemas energéticos y las bases tecnológicas durante un período suficientemente
largo. De lo contrario, la instauración de un sistema de oferta y demanda energética diversificado e
innovador resultará obstaculizada, el potencial del mercado interior de la energía quedará
infrautilizado y será difícil alcanzar los objetivos energéticos y medioambientales.
26
Pregunta nº 8: Dado que la energía nuclear es uno de los elementos del debate sobre la lucha
contra el cambio climático y la autonomía energética, ¿cómo puede aportar la Unión Europea
una solución a los problemas de los residuos, de incremento de la seguridad nuclear y de
desarrollo de la investigación sobre los reactores del futuro, en particular la fusión?
Numerosos participantes celebran el debate sobre el Libro Verde, ya que constituye una oportunidad
para abordar, de una manera objetiva, la idea de que todas las tecnologías energéticas pueden
desempeñar un papel en la combinación energética europea. La mayoría está dispuesta a efectuar una
evaluación comparativa de la energía nuclear con respecto a otros combustibles y tecnologías
energéticas, y a analizar el papel que desempeñan en la consecución de los objetivos energéticos,
medioambientales y otros.
Las contribuciones escritas ponen de manifiesto posiciones claramente encontradas. Por el contrario,
las conclusiones obtenidas de los sondeos de opinión (p. ej., Eurobarómetro) y estudios (OPTEM)
efectuados durante el mismo período ofrecen una visión menos concluyente.
Algunos sostienen que la energía nuclear contribuye de manera sustancial a la producción de la
electricidad básica, proporcionando un producto de alta calidad, disponible en abundancia e
insensible a los problemas de abastecimiento de combustibles y de precios. Por tanto, en la
combinación energética, puede servir de amortiguador frente a perturbaciones externas (situación
geopolítica, inestabilidad de los precios, clima, etc.), que afectan a otras fuentes de energía.
Algunos afirman que el Protocolo de Kioto y los compromisos consiguientes implican que Europa
tiene que mantener y desarrollar la opción nuclear. En su opinión, sin energía nuclear Europa no
puede respetar los compromisos de Kioto a un coste razonable. Para la producción de electricidad, la
energía nuclear y la energía hidráulica son las únicas soluciones a gran escala, sin emisiones de CO2,
que resultan asimismo económicamente viables sin subvenciones. Para algunos, la amplitud del
problema climático es tal que deben mantenerse abiertas todas las soluciones realistas. Otros
consideran que la energía nuclear debe incluirse en todos los mecanismos flexibles de Kioto.
Otros participantes critican la manera en que en el Libro Verde se abordan las cuestiones relacionadas
con la energía nuclear. Refutan el argumento según el cual la energía nuclear es esencial para cumplir
los compromisos de Kioto, argumento que consideran simplista y basado en una distorsión de estudios
antiguos y contradictorios con respecto a los pronósticos generalmente admitidos. Para algunos, no
hay ninguna razón, económica u otra, para construir nuevas centrales nucleares. Algunos
participantes consideran inaceptable la energía nuclear, ya que los riesgos que conlleva son demasiado
importantes, por lo que deben tomarse decisiones inmediatamente para cerrar las centrales nucleares.
Algunos partidarios de la energía nuclear preconizan comparar los riesgos asociados al cambio
climático y los de la energía nuclear tal como se explota en Europa.
27
Por lo que respecta a los residuos, algunos participantes consideran que existen los medios técnicos y
financieros necesarios para instalar depósitos definitivos, que se requiere un apoyo político y público
para aplicar soluciones prácticas, y que la Comisión debe apoyar tales medidas. Otros recomiendan
una optimización económica y medioambiental de los emplazamientos de depósitos a escala europea.
La investigación sobre la gestión de los residuos recibe un amplio respaldo. Algunos aducen que la
investigación sobre una gestión de los residuos más eficaz corresponde a los Estados miembros que
los producen.
En lo que se refiere a la seguridad, algunos se muestran partidarios de normas armonizadas o normas
europeas, mientras que otros no las consideran necesarias. Muchos están a favor de que la UE
desempeñe un papel con respecto a la seguridad nuclear en el contexto de la ampliación. Algunos
abogan por criterios estrictos para la importación de electricidad de terceros países.
Algunos participantes consideran que la investigación sobre nuevos reactores no constituye una
solución a los problemas de seguridad y de residuos, ya que eso supone que se pasan por alto otros
medios de alcanzar los objetivos energéticos, que tendrá un coste desproporcionado y que es
improbable que se obtengan resultados aceptables para la salud humana y el medio ambiente. Las
mismas reservas en cuanto al coste y a sus posibles ventajas se formulan con respecto a la
investigación sobre la fusión. Otros apoyan la investigación y el desarrollo de nuevos diseños de
reactor, que incluyan el aumento de la seguridad, la flexibilidad y la competitividad económica. En
opinión de algunos, Europa debe conservar su liderazgo en el ámbito de las tecnologías nucleares de
uso civil.
28
Pregunta 9: ¿Qué políticas pueden permitir a la Unión Europea cumplir los compromisos
contraídos en el Protocolo de Kioto? ¿Qué medidas podrían adoptarse a fin de explotar
plenamente el potencial de ahorro energético y reducir a la vez nuestra dependencia externa
y las emisiones de CO2?
Las respuestas son prácticamente unánimes respecto a la imperiosa necesidad de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar nuevas medidas y realizar nuevas
inversiones a tal efecto. La idea de un enfoque más estratégico y polifacético para luchar
contra el cambio climático mediante instrumentos de política energética reúne un amplio
consenso. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de extender cuanto antes las políticas a
los países candidatos a la adhesión.
Casi todas consideran el rendimiento energético y la gestión de la demanda los medios
fundamentales para aumentar la seguridad de abastecimiento y reducir la dependencia de las
importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también se señala que
la energía ahorrada no tiene por qué ser siempre energía importada. Algunos observan que se
podría hacer mucho más, rápidamente y con pocos gastos, para reducir considerablemente las
necesidades energéticas, en particular, en el sector de los edificios. Medidas incentivadoras,
legislación, nuevos impuestos y mayores inversiones en tecnologías limpias, como la
generación combinada de calor y electricidad, figuran entre los posibles medios más
frecuentemente propuestos. Varios organismos presentan planes de acción detallados, a veces
expresados en términos cuantitativos, para reducir las necesidades energéticas, ampliar el uso
de energías renovables y utilizar los combustibles fósiles de forma menos contaminante.
Se concede gran importancia al Programa europeo sobre el cambio climático, a la utilización
de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto y a las políticas de los Estados miembros
sobre el cambio climático. Se pide que los Estados Unidos respeten sus compromisos iniciales
con el Protocolo de Kioto y que los grandes países en desarrollo queden cubiertos por el
mismo. Algunos señalan que probablemente será necesario reducir las emisiones más allá de
los compromisos de Kioto.
Otro instrumento para cumplir las obligaciones de Kioto que reúne apoyo unánime es la
producción de energía a partir de fuentes renovables, no sólo la energía solar, la biomasa, y
energía eólica sino también la energía fotovoltaica (según la opinión de algunos
desgraciadamente olvidada en el libro verde), las bombas de calor, la fuerza de las mareas, las
olas y las minicentrales hidroeléctricas. Algunos participantes destacan el potencial energético
de algunos residuos. Otros prefieren la captura de CO2, así como las tecnologías limpias del
carbón y la producción de hidrógeno a partir de gas. Algunos recomiendan sustituir el
consumo de petróleo y carbón por el de gas; otros ven en la energía nuclear, por lo general
en combinación con un aumento de la eficiencia energética y la producción de energía
renovable, un medio de ayudar a la UE a cumplir sus obligaciones. Las industrias energéticas
y manufactureras tradicionales defienden recurrir a instrumentos voluntarios mientras que la
gran mayoría del resto de participantes son partidarios de medidas legislativas.
29
Casi todo el mundo recomienda inversiones en tecnologías limpias aplicables a las fuentes de
energía renovables y a los combustibles fósiles, y destinadas tanto a mejorar las tecnologías
actualmente disponibles como para investigar y desarrollar otras nuevas. En concreto,
numerosos participantes son partidarios de ayudas suplementarias en favor de las energías
renovables, justificándolas como una contrapartida de las ayudas estatales de las que
supuestamente se benefició el sector energético tradicional. Asimismo, a menudo se propone
establecer impuestos sobre el carbono o un nuevo sistema de tarificación energética que tenga
en cuenta los costes externos de la utilización de la energía. Por último, se consideran
medidas como la sensibilización y la formación, y normas más estrictas para los
electrodomésticos para estimular la reflexión del usuario final sobre la energía y fomentar así
el ahorro energético. En algunas contribuciones, el sector de los transportes es objeto de una
atención muy especial en el sentido general de administrar y reducir la demanda energética de
los transportes y, concretamente, utilizar más combustibles no contaminantes, como el
hidrógeno y los biocarburantes.
Algunos se preguntan sobre las soluciones viables a escala europea, nacional y local. En
general, se considera que el papel de la Unión Europea consiste en facilitar los enfoques a
nivel nacional o local y hacer previsiones a largo plazo, por ejemplo estableciendo un marco
reglamentario para el ahorro energético y fijando –y supervisando –objetivos para el conjunto
de la UE.
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¿Pregunta 10: ¿Puede un programa ambicioso a favor de los biocarburantes y otros
carburantes de sustitución, incluido el hidrógeno, destinado a lograr una cuota de hasta el
20% del consumo total de carburante en el año 2020, seguir dependiendo de programas
nacionales, o bien exige decisiones coordinadas en materia de fiscalidad, de distribución y
de perspectivas para la producción agrícola?
Los participantes se muestran divididos en cuanto a la utilización de los biocarburantes en los
transportes.
Quienes piensan que deben fomentarse los biocarburantes presentan varias propuestas. Para
algunos, la creación de un programa comunitario destinado a fomentar el desarrollo y la
utilización de los biocarburantes en los transportes podría servir para armonizar las ayudas y
otras medidas e integrar esta cuestión en la Política Agrícola Común. Otros señalan que la
UE debe esforzarse por suprimir las restricciones impuestas en el marco de la OMC al cultivo
de estos productos. Algunos mencionan la posibilidad de instaurar este tipo de producción
agrícola en los países al sur del Mediterráneo, lo que contribuiría al desarrollo local y a
reducir la presión migratoria que soportan los Estados miembros mediterráneos. Varios
participantes destacan la necesidad de armonizar las exenciones fiscales aplicables a los
biocarburantes.
Otros participantes son más prudentes al valorar el potencial de los biocarburantes y se
muestran más escépticos en cuanto a lo que puede hacerse.
Algunos afirman que los biocarburantes conducirán a una agricultura industrializada y
contaminante y consideran que es importante limitar el fomento de éstos a los productos que
requieren prácticas agrícolas más respetuosas del medio ambiente y exigen menos productos
químicos que la agricultura actual. Se expresan dudas en cuanto al coste probable de los
biocarburantes. Algunos afirman que su utilización en la calefacción sería más rentable que
en los transportes.
Algunos participantes argumentan que a las propuestas del Libro Verde para reducir el
consumo de combustible en los transportes y aumentar el rendimiento energético pueden
añadirse otras soluciones como la tarificación de los vehículos y los transportes, las
exenciones fiscales y el apoyo tecnológico.
Varios participantes comentan el concepto de objetivo. Algunos rechazan este principio,
argumentando que debe ser regulado por el mercado. Otros juzgan el objetivo del 20% en
2020 más bien optimista y quizá poco realista. Otros indican que la disponibilidad de tierras
puede plantear un problema.
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La cuestión del hidrógeno es objeto de pocas contribuciones. La mayoría de las que tratan el
tema señalan que el hidrógeno no es más que un vector de energía, que la producción de
hidrógeno requiere electricidad y que, si ésta se produce a partir de combustibles fósiles, no
habrá aumento de la seguridad de abastecimiento. Algunos indican que puede producirse
hidrógeno sin emisiones mediante la energía nuclear. Otros proponen las energías renovables
o el gas natural como fuente.
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Pregunta 11: ¿Deben adoptarse incentivos, por ejemplo fiscales, para lograr el ahorro de
energía en los edificios (40% del consumo de energía), ya sean públicos o privados,
nuevos o rehabilitados, o bien son necesarias también medidas de orden reglamentario,
a semejanza de lo que se ha hecho en el sector de las grandes plantas industriales?
Los participantes que abordan esta pregunta admiten por lo general que, en este ámbito, es
posible lograr ahorros energéticos rápidos y con pocos costes, por lo que este campo debe
constituir una prioridad de las acciones futuras. En una contribución se cita incluso la cifra
del 70% de ahorro.
Se defiende la utilización conjunta de incentivos fiscales o financieros y medidas
reguladoras. Se defiende intensificar la investigación y el desarrollo tecnológico y difundir
más ampliamente las tecnologías existentes (programadores, termostatos, aislamiento,
generación combinada de calor y electricidad, iluminación optimizada, biomasa, bombas de
calor), y también se consideran importantes el etiquetado y el diseño de los edificios. Algunas
contribuciones contienen propuestas detalladas sobre auditorías energéticas y reducciones
hipotecarias o de impuestos para las inversiones destinadas a aumentar el rendimiento
energético. Otras hacen hincapié en el problema general de la aplicación del principio de que
quien contamina, paga, y la internalización de los costes externos. Y otras sugieren hacer
obligatoria la utilización de aparatos más eficaces, como las calderas de condensación, los
aparatos etiquetados "A" y el alumbrado de bajo consumo. Con frecuencia se destaca la
importancia de la información, la formación y la sensibilización.
Algunas contribuciones hacen una distinción entre edificios existentes y nuevos,
recomendando medidas reglamentarias para los nuevos y la sustitución de los equipos
actuales y la integración de las energías renovables para los existentes.
Varias contribuciones subrayan el aspecto adicional de las inspecciones y la supervisión de
las normas para garantizar el funcionamiento eficaz de los equipos.
Numerosos participantes comentan cuánto debería o podría hacerse a escala europea. Muchos
admiten que la UE podría fijar objetivos y, en su caso, un marco reglamentario, pero la
mayoría añade que la Unión no debe participar en su aplicación y que ésta debe tener lugar a
nivel nacional y local. Un reducido número de participantes (en particular los que se oponen a
la normativa) prefieren dejarlo completamente en manos de los Estados miembros. Una
contribución sugiere que todos los Estados miembros adopten las normas del Estado miembro
con mayor eficiencia energética.
Entre las escasas reservas, se señala que el rendimiento energético mejoraría sólo
marginalmente en aquellos Estados miembros donde los niveles de rendimiento son ya
elevados, y que la demanda seguirá creciendo incluso si el rendimiento aumenta.
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Globalmente, las reacciones reflejan un amplio consenso en torno al enfoque comunitario
actual, siempre que las propuestas sean suficientemente flexibles para adaptarse a la situación
de los distintos Estados miembros. Los participantes apoyan la idea de que el ahorro
energético en los edificios es una solución que debe explotarse más, dada la tasa de mejora del
rendimiento que puede alcanzarse y el corto plazo de rentabilización de la mayoría de los
dispositivos de ahorro energético. Asimismo, sugieren recurrir a la información, la persuasión
y la tarificación, como instrumentos importantes. También debe quedar plenamente
demostrada la utilidad de los esfuerzos individuales, que cuando proceda deben ser
recompensados.
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Pregunta 12: El ahorro de energía en el transporte (32% del consumo de energía) pasa
por la corrección del desequilibrio creciente entre los modos de transporte de
mercancías a favor de la carretera y en detrimento del ferrocarril. ¿Debe considerarse
este desequilibrio una fatalidad o exige medidas de corrección, independientemente de
su impopularidad, en particular para racionalizar el uso del coche en las ciudades?
¿Cómo conciliar la apertura a la competencia, las inversiones en infraestructuras para
suprimir los cuellos de botella y la intermodalidad?
A este respecto, las contribuciones giran en torno a dos problemas distintos: el crecimiento
del transporte de mercancías por carretera y el deseo de movilidad de las personas en la
ciudad y en los desplazamientos de larga distancia.
Por lo que se refiere al transporte de mercancías, se considera que los ferrocarriles y las vías
marítimas y fluviales constituyen en gran parte la solución (apenas se menciona la idea de
reducir la necesidad del transporte de mercancías de larga distancia). Varias contribuciones
ponen de relieve la relación entre transporte ferroviario y consumo eléctrico. Algunas señalan
que la energía nuclear debe responder al menos en parte a la demanda suplementaria, ya que,
de lo contrario, aumentaría el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. Otras son
partidarias de modificar las normas de ordenamiento territorial en favor de opciones de
transporte más sostenibles, y de fomentar el abastecimiento de mercancías a un nivel más
local.
Por lo que se refiere a la movilidad de las personas, se propone una larga lista de medidas de
las que la mayoría se refieren al fomento de vehículos poco contaminantes y de bajo nivel de
emisiones, de los combustibles alternativos y de una mayor complementariedad entre los
transportes públicos y los privados. Algunos preconizan limitar la utilización del automóvil,
en particular, en las zonas urbanas, y estimular el uso compartido de automóviles, aunque se
reconoce que las experiencias aisladas suelen fracasar y que es necesaria una política más
global. Varios participantes reclaman más atención al intento de sacar a los automovilistas de
sus vehículos para que anden o utilicen la bicicleta, y hacer que las carreteras sean más
accesibles y más seguras para los usuarios no automovilistas.
El apoyo a la inversión en infraestructuras de transporte público procede sobre todo, pero no
únicamente, de las autoridades u órganos locales. Para otros participantes, el problema es la
intermodalidad de los distintos tipos de transporte.
Varios participantes preconizan un enfoque más holístico, comparando la incidencia de las
distintas posibilidades en tal o cual situación. Algunos formulan propuestas estructuradas
sobre infraestructuras, compatibilidad de las políticas energéticas y de transportes, estrategias
basadas en la reducción de la necesidad de los desplazamientos y la reasignación de espacio
vial a los transportes públicos en detrimento del automóvil particular, estrategias de reducción
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del consumo energético en las zonas urbanas, intermodalidad, estrategias a largo plazo para
fomentar una economía basada en el hidrógeno, etc.
Varios participantes mencionan el crecimiento previsto del transporte aéreo. Algunos
defienden la aplicación de impuestos al queroseno. Otros aconsejan prestar más atención a la
distribución entre los distintos modos de transporte (por carretera, ferrocarril y vía marítima
y fluvial). Otros recomiendan recurrir aún más a la telemática en los medios de transporte.
Las respuestas a la segunda parte de la pregunta se basan ampliamente en la fiscalidad.
Algunas indican que es contradictorio querer frenar el crecimiento del transporte de
mercancías por carretera y, al mismo tiempo, reducir los impuestos a las empresas de
transporte por carretera para compensar la subida del precio de los combustibles. Otras
proponen más impuestos sobre la infraestructura de carreteras y la internalización de los
costes externos (sociales y medioambientales) en el precio del transporte y los combustibles.
Un reducido número de participantes rechaza la idea de recurrir a mecanismos de tarificación
y es favorable a normas de emisiones más estrictas, inversiones en infraestructuras,
interoperabilidad, etc.
El campo donde existe mayor desacuerdo es en el de la liberalización des los ferrocarriles.
Mientras que algunos ven en la competencia un acicate de la renovación de la red y un nuevo
desarrollo del tráfico ferroviario, otros argumentan que esto debe hacerse manteniendo los
ferrocarriles bajo el control del Estado. Asimismo algunos mantienen que la liberalización
des los ferrocarriles iría en contra del movimiento de mercancías per ferrocarril.
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Pregunta 13: ¿Cómo desarrollar enfoques más concertados e integrar la dimensión del
largo plazo en la reflexión y la acción de los poderes públicos y los operadores para
avanzar hacia un sistema de abastecimiento energético sostenible? ¿Cómo preparar las
opciones energéticas del futuro?
Existe un amplio consenso a favor de un enfoque global y a largo plazo del problema de la
seguridad de abastecimiento, tanto en cuanto a la contemplación del problema en su totalidad,
sin dividir el análisis en sectores e incluyendo la gestión de la demanda energética, como a la
adopción de una visión global, es decir, vincular las decisiones sobre política energética a la
evolución registrada a escala internacional y otros ámbitos políticos más amplios como la
política exterior, el mercado interior, los transportes, la agricultura, el medio ambiente, la
educación, el empleo, el subdesarrollo, etc.
Un argumento repetido es que las previsiones del Libro Verde deberían complementarse con
supuestos posibles en los que se reflejaran y combinaran posibles soluciones políticas como,
por ejemplo, un programa intensivo de ahorro energético o la inyección de abundantes fondos
en favor de las energías renovables.
Algunos defienden una visión más amplia de la política energética, que permita analizar la
repercusión de las decisiones tomadas en un sector y un Estado miembro sobre otros.
Numerosos participantes reclaman una perspectiva más a largo plazo, en parte para permitir
instaurar el marco de planificación estable que requieren la toma de decisiones y las
inversiones que, en el sector energético, suelen implicar plazos muy largos, y en parte para
analizar correctamente las interacciones entre las distintas políticas como ocurre, por ejemplo,
con la compatibilidad entre el mercado interior y los contratos de abastecimiento energético a
largo plazo, y con la interacción fundamental entre la política energética y la política
medioambiental.
Algunas contribuciones proponen una estrategia energética de la UE. El argumento esencial
es que Europa debe disponer de una estrategia más orientada al futuro, que lleve hacia una
mayor diversidad de tipos y fuentes de energía, y esté más en contacto con los últimos
avances, en particular, en cuanto a las energías renovables, las fuentes de energía locales y el
acercamiento a la producción distribuida y a pequeña escala. Se argumenta que esta estrategia
crearía las condiciones necesarias para las inversiones indispensables en el campo de la
energía a nivel industrial y doméstico.
Por lo que se refiere al enfoque, algunos defienden un enfoque más tangencial. Los
participantes recomiendan más medidas generales de sensibilización respecto a los problemas
energéticos destinadas a la población en general y, particularmente, a los jóvenes, así como
estrategias concretas que combinen medidas incentivadoras y reglamentarias, y útiles
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informativos para forzar la mejora del rendimiento energético y una utilización más amplia de
las energías renovables. Algunos señalan la utilidad de fijar objetivos y supervisar su
realización. Otros proponen explotar mejor la política energética nacional, ayudar a los países
en desarrollo o acumular reservas estratégicas como instrumento para el diálogo entre
productores y consumidores. Algunos apoyan medidas más intervencionistas como imponer
limitaciones estrictas para los aparatos, los vehículos y las prácticas que consumen más
energía, y la sensibilización del público respecto a los efectos de su comportamiento actual
sobre la calidad de vida futura.
En cuanto a las responsabilidades, varios participantes llaman la atención sobre la necesidad
de coordinar los niveles europeo, nacional y local/regional. Los representantes de las
autoridades locales, en particular, hacen hincapié en el papel que ellos desempeñan en la
aplicación de las estrategias de reducción de la demanda energética. Aunque algunos prefieren
la situación actual, otros son partidarios, en distinto grado, de mayor coordinación o
intervención comunitaria. Numerosos participantes aprueban el papel internacional de la UE
en el ámbito de la energía y algunos desearían verlo ampliarse. Se menciona la posibilidad de
crear una agencia europea de la energía, con el fin de mejorar la coordinación y la difusión de
información, y la inclusión en el Tratado de un artículo relativo a la política energética (entre
otros, en el dictamen del Parlamento Europeo).
Entre las soluciones políticas, las que suscitan más interés son las siguientes medidas: a)
fiscales, como la internalización de los costes externos a fin de crear condiciones de
competencia equitativas entre todas las fuentes de energía; b) económicas, entre las que se
solicitan un seguimiento más estrecho de la evolución del mercado, condiciones que permitan
al sector privado planificar a largo plazo, y mecanismos correctores; y c) tecnológicas, como
la comercialización de tecnologías ecológicamente interesantes pero en principio poco
rentables. Algunos participantes destacan la conveniencia de analizar la rentabilidad de las
distintas soluciones.
Algunos participantes adoptan posturas más radicales, a menudo basadas en la utilización
generalizada de las energías eólica y solar (fotovoltaica) a medio plazo, combinadas con un
enfoque más conservacionista del problema energético. Algunos prevén un futuro brillante
para el sector nuclear debido a sus escasas emisiones de carbono.
Globalmente, la visión de futuro que se desprende del debate sobre el Libro Verde es la de
una política de amplio espectro que cubre la oferta y la demanda energéticas, asignando un
papel preciso a las autoridades públicas, incluso a nivel europeo, y donde la colaboración, la
cooperación y la coordinación contribuyen en gran parte a aumentar la eficacia de las
distintas políticas y programas. Es algo que debe ocurrir entre Estados miembros y países
candidatos en los distintos ámbitos políticos –energía, medio ambiente, transportes,
agricultura, etc. –, y también con nuestros socios de otras partes del mundo, sean proveedores
o consumidores. Tanto en lo referente a supuestos posibles, acuerdos comerciales, relaciones
diplomáticas como a la educación de los consumidores, las respuestas al Libro Verde
defienden claramente un enfoque a largo plazo y decidido encaminado a garantizar un
abastecimiento energético seguro y sostenible para Europa.